Las sucesivas movilizaciones realizadas por diversos sectores de la sociedad, han puesto en explícita evidencia la profunda crisis del sistema educacional chileno. Como Escuela de Psicología y miembros de una institución académica estatal, no podemos tener una postura neutral, viendo de cerca cómo nuestra institución sistemáticamente ha sido forzada a modificar su estructura socio-organizacional, amenazando su rol histórico y su proyecto social. El desarrollo del trabajo triestamental (académicos, administrativos y estudiantes) que hemos realizado durante el proceso de paralización estudiantil, ha permitido problematizar conjuntamente la realidad educacional chilena, favoreciendo un posicionamiento concreto y compartido transversalmente respecto a la coyuntura socio-política actual.
1. Como Escuela de Psicología reconocemos la profunda crisis del sistema educacional chileno en sus niveles primario, secundario y terciario; entendiendo que una de las principales causales de esta crisis, es el modelo de privatización de las instituciones educacionales, el cual privilegiando la libre competencia dentro de una sociedad económicamente desigual, ha descuidado la responsabilidad directa que posee el Estado respecto de las instituciones públicas dedicadas a la educación.
2. Desde la mirada de las ciencias sociales y específicamente respecto al sector terciario, pensamos que el actual sistema universitario constituye una carga desmesurada y excesiva para las familias, que no sólo condiciona su vida económica, sino que también pone en conflicto las aspiraciones familiares y personales con las posibilidades reales de su desarrollo. Este conflicto constituye un factor constante de desgaste y malestar, que erosiona profundamente la calidad de vida de las personas y su bienestar.
3. Estimamos que el sistema educacional secundario y terciario se han convertido en mecanismos de segregación social que condicionando las proyecciones de futuro, el desarrollo cultural y el desarrollo profesional, agudizan las desigualdades económicas del país, mostrando por un lado la poca efectividad de los sistemas de fiscalización que actualmente posee el Estado y, por otro, la falta de una gestión global que intencione el sistema educacional chileno dentro del eje del desarrollo social, garantizando justicia, calidad y equidad.
4. Estimamos como imperativo que las soluciones se orienten hacia la recuperación del rol garante y fiscalizador del Estado, siendo éste el encargado de entregar a la sociedad un sistema educacional basal de carácter integral y gratuito, que asegure la calidad y la equidad, como garantías propias de los derechos de todo ciudadano.
5. Estas soluciones, sin embargo, no pueden pensarse a la luz únicamente de las deficiencias económicas, sino que deben incluir cambios generales en las instituciones que norman y limitan nuestra democracia, repensando el rol que debe tomar el Estado y el capital privado, en relación a las prioridades colectivas de la población. 6. Sumado a lo anterior, creemos necesario avanzar en los procesos de democratización institucional, desarrollando orgánicas que solventen progresivamente la participación triestamental efectiva en los diferentes espacios universitarios, buscando integrar a todos los agentes que constituyen la Universidad.
7. Sin embargo, los avances en la participación y la democratización no deben limitarse únicamente a los espacios universitarios, éstos deben proyectarse de forma generalizada en la sociedad, siendo una garantía de fortalecimiento de los valores ciudadanos que, abriendo nuevos caminos de discusión e inclusión, faciliten la solución de los diversos y profundos problemas que la aquejan.
8. Bajo este horizonte, observamos que las reacciones y propuestas entregadas por el actual gobierno respecto a los problemas planteados por la sociedad, no asumen la responsabilidad de una reforma generalizada de la educación, que a corto plazo sea capaz de cambiar íntegramente las condiciones bajo las cuales se desarrolla la sociedad chilena.
9. Ciertamente la libertad de enseñanza debe constituir un valor democrático que asegure la autonomía intelectual de los establecimientos educacionales, protegiendo el libre desarrollo investigativo de las universidades estatales y de toda institución educativa, bajo una ley que sancione el lucro indiscriminado y el enriquecimiento individual, cuando éstos prevalezcan por sobre las responsabilidades que implica el participar de los procesos educacionales. Confiamos que este proceso trascienda la contingencia actual, considerando que los cambios sociales requieren largos procesos de implementación y la posibilidad de una resolución favorable, que cumpla efectivamente las demandas ciudadanas; hecho que no será fácil e inmediato. Pese a ello, como Escuela de Psicología de una universidad pública, asumimos la tarea de trabajar conjunta y responsablemente por una mejora global en el sistema de educación nacional. A partir de esta Declaración Pública ratificamos nuestro apoyo a las peticiones expuestas por la sociedad, plegándonos a las manifestaciones de descontento y favoreciendo en nuestra Institución los procesos de construcción colectiva de un sistema educacional democrático, participativo y justo que asegure el sentido global de la educación y nos proyecte hacia una mejor sociedad.
LUIS MENA M. Director de Escuela
BORIS REYES T. Coordinador Estudiantil
ELIZABETH MORA CH. Representante Administrativa
ASAMBLEA TRIESTAMENTAL ESCUELA DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Julio 26 de 2011
